Si existe una institución cuyo perfil ha quedado obviado durante el pasado Consejo europeo de los días 21 y 22 de junio, es el Parlamento Europeo. En dicho Consejo, los gobernantes de los Estados miembro se lanzaron, en aras de la eficacia, en negociaciones muy controvertidas para lograr un acuerdo que desbloqueara la redacción de un nuevo tratado europeo sobre la base de la fallida Constitución, sin conferirle protagonismo alguno al único cuerpo comunitario elegido por sufragio directo y universal: la Eurocámara.

Para que se pueda desarrollar el 23 de julio que viene la Conferencia Intergubernamental (CIG) que consolide un texto definitivo para un nuevo tratado, es necesario al menos un dictamen favorable por parte de la comisión de asuntos constitucionales de la Eurocámara, y esto es lo que los acendrados federalistas del Partido Radical Italiano han tratado de retrasar sin éxito en las últimas 48 horas.

A través de su representante en la cámara –Marco Cappato- los radicales italianos propusieron retrasar el calendario de la CIG posponiendo hasta septiembre la emisión de un dictamen favorable por parte del Europarlamento. Esto hubiera dotado “al proceso de revisión de los tratados de la suficiente transparencia y de un necesario carácter democrático”, en palabras de la opinión minoritaria, y de no poca notoriedad en el plano mediático para la Asamblea comunitaria, aun a riesgo de presentarla como el nuevo villano contra el avance del nuevo tratado.

Sin embargo, en la comisión de asuntos constitucionales 18 votos contra 5 inclinaron el martes pasado la balanza en pro de un dictamen favorable no sin matices. Y es que la Eurocámara expresará hoy su “preocupación” por que los Estados “puedan acogerse a la excepción de la aplicación en su territorio de la Carta Europea de Derechos Fundamentales”, en clara alusión al Reino Unido y a Polonia, sin contar su insatisfacción ante la supresión de la mención al himno y la bandera comunitarios en el futuro tratado.